Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) hicieron un llamado urgente a la unidad y al diálogo entre sectores productivos, gobierno y sociedad civil para consensuar medidas que permitan superar los impactos económicos generados por la actual pandemia, sin descuidar la protección de la salud de los salvadoreños.
“Cuando las adversidades son enormes es cuando más debemos estar unidos”, destacó el presidente de la gremial, Jorge Hasbún.
Parte del directorio de Camarasal brindó una conferencia de prensa virtual en la que participaron presidentes de sedes filiales y de sectores productivos representados en la gremial, quienes hicieron una valoración integral de los efectos en la economía de las empresas debido a la emergencia por COVID-19.
El presidente de la gremial sugirió la instalación de mesas multidisciplinarias para consensuar medidas que permitan a las empresas reabrir operaciones de manera paulatina, ordenada y sin descuidar la salud y el bienestar de su personal.
Hasbún enfatizó en la necesidad de un plan de salvataje del empleo que por un lado contemple medidas que provean de liquidez a las empresas y que por el otro no les reste recursos para trabajar. El dirigente gremial se refirió a créditos blandos en favor de las pymes, honrar pagos a proveedores del Estado y la adopción de medidas de flexibilidad fiscal.
Por su parte, Howard Gutiérrez, presidente de la filial de San Miguel, hizo ver que las empresas, especialmente las pymes, están atravesando por una seria crisis de liquidez debido a que muchas de ellas han tenido que cerrar operaciones en atención a las disposiciones del gobierno, mientras que otras se encuentran trabajando solo al 30% de capacidad.
Agregó que, pese a no estar recibiendo ingresos, las empresas tienen que responder a sus compromisos financieros como pago de planillas, impuestos, AFP, ISSS, préstamos bancarios, servicios de agua, luz, telecomunicaciones y proveedores, a lo que se suma, en algunos casos, el pago de la extorsión a la delincuencia.
De igual forma, Mario Melgar, presidente de la filial Santa Ana, al describir la situación de iliquidez e incertidumbre por la que atraviesan las empresas de la Zona Occidental, calificó la situación de “desesperante para muchas mipymes”, por no tener ingresos y no saber cuándo podrán reanudar sus operaciones.
A su vez, Henry Anderson, miembro de la Junta Directiva de la gremial, lamentó que en la comunicación oficial se intente hacer ver a los empresarios como “los malos de la película”, cuando en realidad el enemigo de toda la sociedad es la pandemia. En tal sentido pidió al gobierno comprensión, orientación y apoyo hacia las empresas, especialmente las pymes.
Uno de los sectores más afectados por las medidas de cuarentena sería el turismo, según lo hizo ver Guillermo Barrientos, miembro del Comité de Turismo de la Cámara, quien afirmó que debido al cierre de los aeropuertos y a la caída de vuelos turísticos “más del 90% de las empresas del rubro están recibiendo cero ingresos”. Barrientos recalcó, además, que del sector dependen más de 35,000 familias en todo el país.
El empresario afirmó que el turismo será el último de los sectores en recuperarse y que su reactivación podría demorar hasta el próximo año.
Llamado a respetar la Constitución
Los representantes de Camarasal expresaron su preocupación por las declaraciones del Ejecutivo sobre desobedecer los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordenan respetar los derechos humanos y los bienes de las personas que incumplan las medidas de cuarentena.
“En la Cámara no podemos apoyar los abusos de autoridad, por lo que le pedimos que se acate el fallo de la Sala”, dijo Carmen Irene Alas, primer vicepresidente de la Junta Directiva de la gremial.
A continuación, Federico Hernández, director ejecutivo, afirmó que el desafío del Ejecutivo a la Sala de lo Constitucional envía un mal mensaje a la comunidad internacional y pone en riesgo la posibilidad de que el país pueda ser sujeto de créditos. Hernández recordó que el gobierno tendrá que recurrir a los mercados internacionales para obtener el financiamiento que la Asamblea Legislativa le ha autorizado negociar para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria.
Los dirigentes de la Cámara abogaron por que se respete el equilibrio de poderes y la independencia de los órganos del Estado, con el objeto de resguardar el orden institucional, la separación de los poderes y los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
“Debemos evitar que a la crisis sanitaria se sume una crisis institucional”, concluyó diciendo Jorge Hasbún, presidente de la gremial.