División de Estudios Técnicos


En sentencia firmada en el mes de Julio 2017, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Presupuesto del año 2017, por vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución. Esto significa que el Órgano Ejecutivo en cuanto le corresponde la dirección de las finanzas públicas, está obligado a conservar el equilibrio del presupuesto, manteniendo la congruencia entre gastos, ingresos y partidas presupuestarias; asimismo, que conforme al principio de universalidad debe incluir todos los ingresos y egresos, y en relación con esto último, no se pueden omitir egresos que se tendrán con certeza en el año, tal como sucedió con el Presupuesto 2017.

Con esto, se está poniendo un alto a la práctica que por más de una década ha posibilitado el desorden en las finanzas públicas, lo que ha provocado que el Estado quede desfinanciado a mitad del ejercicio fiscal y tenga que recurrir de emergencia a modificaciones presupuestarias y a más endeudamiento. A partir de esta sentencia, no debería repetirse la práctica de elaborar y aprobar presupuestos incompletos, irreales, artificialmente balanceados y por ende inconstitucionales.

La sentencia establece que en dicha Ley de Presupuesto existen partidas específicas que se han subestimado en cuanto al gasto y que son ineludibles, ya sea porque estaban previstas desde la formulación del presupuesto (caso de la deuda de pensiones e IPFSA) o porque ya se tenían proyecciones de su costo a partir de tendencias y resultados de ejercicios anteriores (caso de las devoluciones de IVA a exportadores y de Impuesto sobre la Renta). Al no haberse incluido en el documento del presupuesto la totalidad de gastos que se realizarán en el presente ejercicio financiero fiscal, la Ley del Presupuesto y sus modificaciones en las partidas identificadas es inconstitucional, por violar el principio constitucional de universalidad y equilibrio presupuestario.

Además, se ha comprobado que, aunque en el presupuesto 2017 existe una equivalencia matemática entre ingresos y gastos totales (US$4,957.8 millones), esto no incluye todos los datos reales e íntegros que deben realizarse en el presente ejercicio financiero fiscal. Como consecuencia de este equilibrio numérico ficticio, se generan brechas de financiamiento y problemas de liquidez en el presupuesto para cumplir con compromisos y obligaciones previamente establecidas, tales como la deuda de pensiones que es de US$230 Millones para el año 2017, y en el presupuesto solo se previó la cantidad de US$1,000.

La Sala ordena que los Órganos del Estado y las demás instituciones públicas tomen las medidas necesarias para evitar la aprobación de gastos no prioritarios, excesivos o injustificados, que no guarden coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado, y que impactan negativamente en el equilibrio presupuestario que deben observarse, según el artículo 226 de la Constitución, entre las que señala:

1.    La transferencia de recursos a entes privados que ascienden aproximadamente a US$5.6 millones, distribuidos entre asociaciones y fundaciones (ONG’S) de distinta naturaleza y finalidad, incluyendo entidades que no guardan relación con la finalidad social que justificaría la asignación presupuestaria estatal. La Sala establece que el Ejecutivo y el Legislativo quedan inhabilitados para realizar transferencias de recursos públicos a entes privados, particularmente a aquellos que tienen vínculo material con partidos políticos y grupos afines, y con funcionarios públicos o sus parientes.

2.    Advierte un aumento injustificado y progresivo de la planilla de personal en el sector público y de la magnitud de la carga presupuestaria que implica. La Sala señala que, en relación con los gastos totales, el monto de remuneraciones en El Salvador supera la media observada en Centroamérica, lo cual no refleja necesariamente una mejora en la calidad de los servicios y funciones estatales. Lo anterior obstaculiza seriamente la estabilidad de las finanzas públicas e impacta en el equilibrio presupuestario que establece el art. 226 de la Constitución, por lo que deben adoptarse medidas para corregir esta infracción constitucional.

3.    Por otro lado, la Asamblea Legislativa también deberá revisar el gasto en remuneraciones de ciertos grupos de servidores públicos que se traducen en incrementos periódicos desproporcionados, estipulados en escalafones. Todos los servidores públicos beneficiados con escalafón deben mantenerlo en una proporción relativamente constante, que no genere distorsiones entre un sector laboral y otro, ni presiones fiscales desproporcionadas.

4.    Por último, se advierte que tanto los órganos fundamentales de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como otros órganos e instituciones del Estado, destinan cada año cuantiosas cantidades de dinero para pagar seguros médico-hospitalarios para sus funcionarios y jefaturas, lo cual representa una carga considerable al presupuesto del Estado.

Por tanto, la Sala determina algunas medidas para superar estas situaciones: suspender la creación de nuevas plazas (salvo en áreas estratégicas como educación, salud, justicia y seguridad públicas), suspender los aumentos salariales para las plazas y contratos de funcionarios públicos y jefaturas en las instituciones del sector público, suspender nuevas compensaciones adicionales a los salarios que se devengan, como las bonificaciones y retribuciones en especie de cualquier tipo a los funcionarios y jefaturas de las distintas dependencias del Estado, suprimir la compra de equipos y bienes suntuarios, o de uso no prioritario en la Administración pública, tales como la adquisición de vehículos de lujo y la innecesaria renovación de la flota vehicular, garantizar uso racional y limitado de viajes, limitar gastos en publicidad, entre otras.

Además, los órganos e instituciones de gobierno deberán abstenerse de realizar gastos en nuevos contratos de seguros médico-hospitalarios para sus funcionarios y jefaturas; o en su defecto, buscar alternativas presupuestarias razonables.

Es importante señalar que, de conformidad con la sentencia, se debe ajustar el Presupuesto 2017 antes de que termine el mes de octubre del presente año. Asimismo, el próximo mes de septiembre, el Órgano Ejecutivo debe presentar el proyecto de Presupuesto 2018 a la Asamblea Legislativa para que esta lo apruebe, el cual debe cumplir obligatoriamente lo que establece la Constitución y ahora, la jurisprudencia constitucional.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda, tampoco pueden obviar que en el mes de noviembre del 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual entre sus objetivos incluye emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas con reglas fiscales que establecen límites de déficit y endeudamiento público.

La sentencia de inconstitucionalidad del Presupuesto 2017 brinda una oportunidad muy valiosa para ordenar las finanzas públicas y para mejorar la transparencia en el país. Es importante que el Gobierno y la Asamblea Legislativa terminen con la práctica de aprobar presupuestos contrarios al orden jurídico, pues además de ser una vulneración al Estado de derecho en abstracto, acarrea desmejoras concretas al bienestar de los salvadoreños.



San Salvador,  1 de septiembre 2017